La creación de un proceso administrativo y/o judicial simplificado, solidario y funcional, de composición de las deudas o mecanismos de pago, de los consumidores, que se encuentren en estado de insolvencia financiera, frente a sus obligaciones de naturaleza comercial, producto de la crisis sanitaria y económica surgida a raíz de la aparición del virus Covid-19.
Esto con el fin de proveer mecanismos efectivos que permitan proteger la subsistencia de los consumidores, que caigan en la incapacidad plena de cubrir sus deudas financieras o crediticias, al momento, en que las medidas de suspensión temporal de los pagos por servicios públicos domiciliarios y/o por deudas privadas se levanten en la práctica.
